Durante la inspección, se verificó que los permisos de funcionamiento del establecimiento se encontraban caducados. Ante esta situación, y debido al impacto generado por la fuga de combustible, se procedió a la clausura inmediata de la gasolinera.
Este tipo de establecimientos corresponde a una categoría III, por lo que el propietario podría enfrentar una multa de hasta 6.900 dólares y estará obligado a regularizar los permisos correspondientes antes de que considere su reapertura.
En el 2024, la AMC ha sancionado un total de ocho gasolineras en el Distrito Metropolitano de Quito, por incumplimientos relacionados con permisos caducados o falta de ellos.
